Desde el 2006, México se ha convertido en una fábrica que produce en masa a miles de víctimas. Desaparición, feminicidio, ejecución extrajudicial y tortura, son las violaciones graves a los derechos humanos que se duplicaron y triplicaron desde la fallida estrategia de seguridad denominada como “Guerra contra el crimen organizado” del ex mandatario Felipe Calderón. Entre otras cosas, la estrategia contra las drogas militarizó las tareas de seguridad pública, sacando de los cuarteles a los militares que permanecen en las calles hasta el día de hoy.
En respuesta al incremento de esas violencias, se fueron articulando movimientos y colectivas de personas en exigencia de la paz y de los derechos de las víctimas (hasta ese momento invisibles en la agenda pública). Uno de los precursores fue el poeta Javier Sicilia, víctima indirecta de la violencia debido al asesinato de su hijo, Juan Francisco Sicilia.
Javier Sicilia se dio cuenta desde el primer momento que el asesinato de su hijo no era un caso aislado y que era fruto de múltiples causas invisibilizadas en la discusión pública. En primer lugar, identificó que la política de seguridad fallida y los mal llamados “daños colaterales”, en realidad eran personas asesinadas por el ejército o grupos de delincuencia organizada. Hizo visible que, muchas de esas personas eran jóvenes o pertenecían a grupos específicos de población atravesados por la raza o la pobreza mostrando la carne de cañón con la que se alimentaba la violencia.
Por ello, en compañía de otras personas víctimas directas e indirectas de las diversas violencias, periodistas, artistas, organizaciones de la sociedad civil y académicos, fundó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD). El objetivo era claro, más que exigir el castigo punitivo para los sicarios que asesinaron a su hijo, puso sobre la mesa la necesidad de atender las problemáticas estructurales generadoras de la violencia. Se comenzó a cuestionar mediante la protesta pública pacífica la militarización de la seguridad, la corrupción, la venta ilegal de armas de empresas norteamericanas, la desigualdad, entre otras; haciendo énfasis en la invisibilización de los derechos de las víctimas en el marco legal.
Uno de los primeros triunfos del movimiento en el ámbito jurídico fue en 2013 con la promulgación de la Ley General de Víctimas. Desde este ordenamiento se diseñó el marco legal e institucional existente hasta el día de hoy respecto a la protección, ayuda, asistencia y atención de las víctimas para acceder a la justicia y a la reparación integral. Por primera vez en nuestro país se diseñó un modelo especializado en la materia.
En síntesis, la Ley General de Víctimas tiene cinco objetivos :
No obstante, la manera en la que está planteada la ley de víctimas y los mecanismos e instituciones que la acompañan para su implementación, han quedado muy cortos a la demanda de víctimas de nuestro país. La primera de sus fallas está íntimamente relacionada con el tema de recursos públicos. En el año de 2020, se eliminó el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Dicho fideicomiso público tenía como finalidad subsidiar las ayudas, la asistencia y la reparación integral a víctimas del orden federal, incluidos el pago de compensaciones. Es fecha que el mismo no ha sido cubierto con otra partida presupuestaria, lo que ha generado que las víctimas transiten sin un mecanismo financiero solvente, lo que agrava su situación.
El panorama no es distinto para las comisiones locales de atención a víctimas pues acaparan aproximadamente el 80% de los casos de violaciones a los derechos humanos a nivel nacional (INEGI, 2021) con graves limitaciones en recursos económicos. Estas deficiencias se reflejan en la prestación de la asistencia requerida, lo que se traduce en falta de personal capacitado para evitar procesos de revictimización, o bien, en problemas de insolvencia para garantizar plenamente las compensaciones a las que tienen derecho las víctimas como parte de su reparación integral.
Lo anterior, se generado en consecuencia procesos de discriminación geográfica en donde “conviene” mejor ser víctima en ciertas entidades federativas. Tal es el caso de Jalisco y Nuevo León, mismos que cuentan con instituciones especializadas mayormente establecidas y financiadas incorporadas en su marco legal casi al mismo tiempo que la Ley General. En contraste encontramos a Guanajuato, Hidalgo y Puebla, en donde según el Observatorio Ciudadano de Derechos de las Víctimas (2017) no cuentan o tienen muy poco de implementar avances significativos respecto a las obligaciones establecidas en la Ley General de Víctimas de contar con una ley especializada a nivel local y una comisión.
Ahora bien, es importante mencionar que la problemática respecto al modelo de atención a víctimas en México va más allá de un tema de presupuesto, pues el propio planteamiento que se propone desde este marco normativo a todas luces tiene un enfoque de atención individualizada, representando un problema de fondo difícil de subsanar. Esto significa que el sistema está diseñado para dar respuesta caso por caso, invisibilizando por completo la situación generalizada de violencia en la que nos encontramos en este momento, que más que respuestas individuales necesita un abordaje colectivo. Lo anterior no quiere decir que cada caso en concreto no merece una atención especializada, sino que estos casos necesitan situarse dentro de el contexto de violencia que se está produciendo a gran escala para identificar las necesidades comunes de cada una de las víctimas y las causas estructurales que están propiciando las graves violaciones a los derechos humanos para establecer medidas preventivas y de no repetición.
El problema del abordaje caso por caso, tan solo en materia de homicidios, representa un reto para México. En una investigación de Animal Político (2021) se mencionó que si el sistema de procuración de justicia se enfocara en los homicidios cometidos de 2010 y 2016 tardaría más de 124 años en lograr encontrar y sentenciar a las personas responsables. Cuando el promedio de vida de una persona en nuestro país es de 72-77 años, la esperanza de obtener una sentencia condenatoria, y por lo tanto una reparación integral, se vuelve una mera utopía. La situación no es diferente cuando hablamos de otros delitos o violaciones a los derechos humanos. La masividad en la que se presentan y la atención caso por caso ha generado que las autoridades no se den abasto para atenderlas, ocasionando un 98% de impunidad. Las víctimas sin una sentencia quedan en estado de indefensión al encontrar condicionado su derecho de reparación integral.
Otra de las problemáticas que se suman se encuentra en el sistema penal y penitenciario, desde donde se han perpetuado prácticas macabras reproduciendo miles de personas víctimas en nuestro país. Medidas inconvencionales como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, sumadas a prácticas de detención arbitraria y desaparición forzada justificadas desde políticas punitivistas, han generado una delgada línea entre las personas víctimas y victimarias. Las cifras en materia de tortura y tratos crueles e inhumanos desde el momento de la detención hasta el internamiento en los centros penitenciarios se han acrecentado en consecuencia en los últimos años, demandando atención al sistema victimal de por sí ya rebasado.
Conociendo estos datos y dada la magnitud de los mismos, es necesario cambiar de paradigma y estrategia para abordar esta problemática. No podemos seguir sosteniendo un sistema que tiene un margen de “éxito” del 2% y que concentra millones de pesos de los recursos públicos. Este sistema se ha convertido en una mera gestión del sufrimiento que además trae como consecuencia la contención de la movilización social, tras el engaño que la justicia alguna día llegará y la violencia terminará, aunque no se estén generando medidas para erradicarla. Por ello es importante voltear a ver la respuesta que otros países han dado cuando han atravesado situaciones de conflicto interno o dictaduras. Aunque en México no se haya dado aún un reconocimiento formal de una situación de esa naturaleza, lo cierto es que en términos de víctimas la cifras son equiparables. En los casos de Colombia, Guatemala y Chile, las respuestas para las problemáticas de las violencias fueron desarrolladas en el marco de la justicia transicional, desde los pilares de verdad, justicia, reparación y no repetición.
La justicia transicional está diseñada para dar respuesta a las violencias que se generan de manera sistemática y generalizada. Esto implica de primera cuenta, reconocer que existe esta situación general de violaciones graves a los derechos humanos y que no se trata de diversos casos aislados. Implica reconocer que la violencia ha alcanzado tal magnitud que ni siquiera es posible cuantificar el número real de víctimas. Admitir que no alcanzan los recursos públicos para reparar los daños causados a cada persona víctima de manera individual.
La respuesta de la justicia transicional debe darse desde una planeación que diagnostique las necesidades de cada una de las víctimas y logre priorizarlas. El diseño debe hacer uso de metodologías de análisis interseccional, perspectiva de género y perspectiva intercultural. Enfocarse en medidas de satisfacción y de no repetición que ataquen las causas generadoras
de la violencia. Y sostenerse en la garantía de los derechos de justicia, memoria, verdad y reparación de todas las víctimas.
No obstante, para generar procesos exitosos de justicia transicional es necesario que las personas encargadas de la toma de decisiones en los más altos niveles cuentan con la suficiente voluntad política para dialogar con las víctimas y los perpetradores de la violencia. Solo de esta manera lograremos diseñar políticas públicas que comprendan desde donde se están generando las prácticas violatorias de derechos humanos.
A pesar de la demanda de diversos movimientos sociales, en México la problemática aún no es abordada desde esta lógica. Por el contrario, se sigue apostando por la militarización y el uso de la fuerza, el punitivismo, y las lógicas de gestión de la muerte, sin mirar el campo de cultivo que materializan las violaciones graves a los derechos humanos. Hay mucho que trabajar al respecto, pero sin duda alguna se necesita un cambio de paradigma del modelo de atención a víctimas en México, con énfasis en las violaciones graves a los derechos humanos. La justicia transnacional ofrece una oportunidad atractiva, aunque no se descartan otras medidas que puedan brindar una solución real que dejen de dar cabida a soluciones punitivistas y de atención individual que desmovilizan a las víctimas y reproducen la violencia.
